En un contexto de ajuste económico, el Gobierno redujo drásticamente los fondos destinados a la Iglesia Católica. Desde 2018, el debate por los aportes estatales impulsó a la institución hacia un modelo de autosustentabilidad progresiva.
En medio de un ajuste generalizado en las cuentas públicas, el Gobierno tomó una decisión que marcará un antes y un después: recortó un 79% en términos reales los fondos destinados a la Iglesia Católica a través de la Secretaría de Culto. Este ajuste coincide con un cambio progresivo en el modelo de financiamiento de la institución religiosa, que desde 2018 trabaja en un esquema de autosustentabilidad.
El debate sobre los aportes estatales a la Iglesia se intensificó hace algunos años, especialmente durante las discusiones por la legalización del aborto, que generaron una polarización social en temas de religión y política. En ese contexto, muchas voces comenzaron a cuestionar el uso de fondos públicos para financiar a obispos y otras actividades de la Iglesia Católica.