El Gobierno eliminó el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados, permitiéndoles decidir libremente los costos de matrículas y cuotas sin autorización previa. Es un cambio que pone fin a un sistema de regulación que estuvo activo durante más de 30 años en Argentina.
Mediante el Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó el Decreto 2417/1993, que era la norma que obligaba a las instituciones de educación privada a informar y solicitar aval para cualquier suba de precios. Antes, los colegios debían justificar ante el Estado los aumentos, lo que, según el Gobierno, generaba una burocracia que les dificultaba adaptarse a la inflación y a sus costos operativos.