El Gobierno de Javier Milei busca modificar el esquema de indemnizaciones laborales con una reforma que pone un límite al costo de los despidos, generando preocupación entre los trabajadores y sindicatos.
El proyecto de ley del Gobierno plantea un cambio profundo en la Ley de Contrato de Trabajo, que es la norma que regula las relaciones laborales en el país. El punto clave es la indemnización por despido sin causa. Hoy, la ley establece que, si una empresa decide echar a un trabajador sin una justificación válida, debe pagarle un sueldo por cada año de antigüedad. Si la persona trabajó 20 años, cobra 20 sueldos.
La reforma busca instalar un tope máximo de 10 sueldos para ese pago, sin considerar la antigüedad real que tenga la persona en su puesto. Es decir, aunque hayas trabajado 20 o 30 años, la empresa solo tendría la obligación de pagarte el equivalente a 10 salarios. Además de reducir este monto, se discute la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan fraccionar el pago en hasta 12 cuotas, y que el aguinaldo no se incluya en el cálculo final. El Gobierno argumenta que al reducir el costo de un despido, las empresas se animarán más a contratar.