El Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aprobada tras el rechazo al veto, pero suspendió su aplicación hasta asegurar financiamiento concreto.
El Gobierno anunció la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N.º 27.793), que declaraba la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 y contemplaba pensiones no contributivas, actualización de aranceles y prestaciones médicas.
Aunque ya fue promulgada mediante el Decreto 681/2025, suspendieron su ejecución por falta de fuentes presupuestarias definidas. El decreto exige al Congreso que incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional antes de que la ley se active.