La medida de cobrar por estos servicios fue implementada por un decreto del gobernador y luego ratificada por la legislatura local.
Ante esto, la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, pidió que se revirtiera la situación proponiendo nuevos convenios que permitieran la atención gratuita o al menos un arancel diferencial para los bolivianos.
El gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, recibió la solicitud pero la rechazó de inmediato, alegando que no había posibilidad de modificar la medida, ya que estaba respaldada por la ley provincial 8.421. Además, sugirió que Bolivia debería hacerse cargo de los costos a través de su propio Estado o consulado.