Una ley aprobada en Río de Janeiro estableció bonificaciones de hasta 150 % para policías que confisquen armas o “neutralicen criminales”, desatando alarma entre activistas.
La norma deberá ser sancionada (o vetada) por el gobernador Claudio Castro en un plazo de 15 días. Organizaciones de derechos humanos alertaron que esa política revive incentivos peligrosos que promovieron ejecuciones en décadas pasadas.
En 2024, operativos policiales en Río dejaron 703 personas muertas, muchas de ellas en favelas, donde reside mayoritariamente la población negra. Críticos aseguran que la ley podría profundizar desigualdades y aumentar la violencia estatal.