El Gobierno nacional, en línea con su plan de desregulación estatal, ha decidido eliminar la obligatoriedad del seguro de riesgos de muerte e incapacidad para los pasajeros de micros de larga distancia.
Esta medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, ha generado preocupación entre los usuarios de este servicio de transporte, quienes ahora se sienten más vulnerables ante posibles accidentes o siniestros.
La desregulación, impulsada por la administración de La Libertad Avanza, sigue un patrón que busca reducir la intervención estatal en diversas áreas, en este caso, en el sector del transporte. Según argumentan desde el Gobierno, la decisión permitiría a las empresas de micros operar con menores costos, lo que eventualmente se traduciría en tarifas más competitivas para los pasajeros. Sin embargo, esta justificación ha sido duramente cuestionada por especialistas y asociaciones de consumidores, quienes advierten que la eliminación de este seguro obligatorio podría poner en riesgo la seguridad de los usuarios.
El anuncio ha encendido el debate público, con voces críticas que acusan al Gobierno de priorizar la reducción de costos empresariales por sobre la protección de los ciudadanos. Mientras tanto, las empresas de transporte han manifestado su apoyo a la medida, argumentando que les permitirá ser más eficientes en su operativa diaria. No obstante, la incertidumbre sobre el impacto real de esta decisión persiste, y muchos pasajeros se preguntan qué sucederá en caso de un accidente sin el respaldo de un seguro adecuado.