El gobierno de La Rioja emitió un comunicado oficial en el que expresa su desacuerdo con el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años. La provincia considera que, aunque es necesario actualizar y profundizar el debate sobre la ley vigente, la nueva legislación no debe ser regresiva en términos de derechos humanos para niños y adolescentes.
El comunicado destaca la importancia de una legislación que respete los estándares de las convenciones internacionales y que establezca un fuero penal específico para la franja etaria de 16 a 18 años, diferenciado del régimen penal para adultos. Según las estadísticas nacionales, regionales y provinciales, la incidencia de delitos graves cometidos por menores de 16 años es muy baja y puede ser abordada con dispositivos adecuados y respetuosos.
El gobierno riojano considera que endurecer el código penal y criminalizar a menores no es una medida preventiva, disuasiva ni proactiva en la lucha contra la violencia y el delito. Desde una óptica humanista y social, sostiene que los niños deben estar integrados en la familia, la escuela, el barrio, el deporte y los centros culturales, asistidos por el Estado de manera creativa y efectiva, con garantías constitucionales y legales para su salud, alimentación y educación.
La reciente reforma de la Constitución de La Rioja incluye un artículo sobre la renta básica universal, que busca garantizar los derechos básicos de todos los habitantes de la provincia. El gobierno enfatiza que la violencia social y la de las infancias en particular no se erradican con procesos penales inadecuados ni encarcelando a menores previamente marginados y excluidos por el sistema.