El Consejo de Mayo presentó un informe para eliminar las trabas a la compra de campos por parte de empresas internacionales y modificar el uso de suelos quemados.
El Gobierno nacional, a través del Consejo de Mayo, decidió avanzar con una serie de reformas legales para fomentar los negocios inmobiliarios y mineros. El punto central es derogar o cambiar la Ley 26.737, que desde hace más de una década impide que una persona o empresa extranjera sea dueña de más de 1.000 hectáreas productivas. Según el informe oficial, esta norma «obstaculizó» la llegada de capitales de otros países.
Además de la venta de tierras, la propuesta incluye cambios en la Ley de Manejo del Fuego. Actualmente, esta ley protege los terrenos que sufrieron incendios para evitar que se usen rápidamente con fines comerciales. La nueva iniciativa busca eliminar esas esperas para que se puedan desarrollar proyectos de «real estate» o energía de forma inmediata, facilitando la expansión económica en el interior del país.