El Gobierno Nacional, liderado por Javier Milei, derogó cuatro decretos clave que, hasta ahora, obligaban al Estado a contratar servicios de empresas públicas.
Esta decisión impactó directamente en Aerolíneas Argentinas, YPF y el Banco Nación, que hasta la fecha gozaban de exclusividad en ciertos servicios estatales. Con la nueva normativa, la administración pública ya no está obligada a comprar pasajes a través de Aerolíneas Argentinas, ni a adquirir combustible de YPF, ni a utilizar el Banco Nación para pagar sueldos o contratar seguros.
Milei argumentó que las empresas públicas tenían ventajas desleales, lo que afectaba la competencia en el mercado. Esta medida apunta a generar más libertad en la elección de proveedores por parte del Estado, permitiendo la inclusión de otras empresas del sector privado.
La decisión generó un fuerte debate en la sociedad. Por un lado, algunos sectores apoyaron la medida, considerándola un paso hacia la modernización y la eficiencia del Estado. Por otro lado, críticos advirtieron sobre el posible impacto negativo en las empresas públicas, que podrían ver reducida su participación en el mercado.
El fin de la obligatoriedad en la contratación de empresas públicas marca un cambio significativo en la relación entre el Estado y las compañías de bandera, abriendo la puerta a nuevos competidores en el ámbito de los servicios estatales.