El proyecto oficialista busca redefinir el ambiente periglacial y delegar a las provincias el control de los mapas de recursos para reactivar inversiones extractivas en la zona cordillerana.
El Poder Ejecutivo Nacional formalizó la inclusión de la reforma de la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso para febrero de 2026. El objetivo central de la propuesta es modificar los artículos que definen las áreas protegidas en la Cordillera de los Andes para permitir actividades productivas de minería e hidrocarburos en zonas actualmente vedadas por la normativa ambiental.
La reforma propone un cambio de criterio técnico: solo se protegerán los cuerpos de hielo que cumplan una función hídrica «efectiva y relevante» para las cuencas. Además, el proyecto otorga a las administraciones provinciales la potestad de validar sus propios inventarios, lo que descentraliza el control que actualmente ejerce el Estado Nacional. Según el Gobierno, la ley de 2010 presenta una falta de claridad que frena proyectos energéticos clave para el desarrollo económico del país.