Una provincia argentina aprobó una ley que genera un quiebre en la forma de abordar el acoso escolar, sumando la responsabilidad legal de los padres o tutores cuando un niño o adolescente comete bullying. Esta medida busca generar un impacto real en las familias para proteger a las víctimas y promover una intervención rápida.
La normativa establece un sistema de sanciones para los adultos que no colaboren o ignoren las advertencias de la escuela. Las penalidades pueden ir desde realizar trabajo comunitario por hasta 30 días, hasta pagar multas económicas que van desde los $630.000 hasta los $1.260.000, según el valor actual de la Unidad Fija (UF). Se trata de un monto significativo, con el fin de que la sanción sea efectiva y disuasoria.