El Gobierno nacional formalizó el inicio de una nueva etapa en su estrategia de privatización, al convocar a empresas nacionales y extranjeras a licitar la gestión de más de 1.800 kilómetros de autopistas y rutas del país.
La medida busca un cambio radical en la forma de mantener y operar las vías.
La iniciativa, anunciada por el ministro Luis Caputo en redes sociales, implica la búsqueda de inversión privada para la operación, mantenimiento y construcción de tramos clave como las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas, entre otros. El objetivo central es que el sector privado se haga cargo de los costos para modernizar la infraestructura vial, eliminando el gasto que hoy cubre el Tesoro nacional, es decir, el dinero que proviene de los impuestos.