El gobierno nacional modificó el contrato de AySA y autorizó el corte de agua por deuda en el AMBA. También avanzó en su privatización.
Por primera vez, quienes no paguen podrán quedarse sin agua. Hasta ahora, la empresa estatal no tenía permitido interrumpir el servicio. Con el nuevo esquema, se habilita la participación de operadores privados, incluso internacionales, que tomarán el control.
El Ministerio de Economía argumentó que la medida busca mejorar el financiamiento, ante el alto nivel de morosidad. Sin embargo, organizaciones sociales alertaron: “El agua es un derecho humano. Convertirla en un bien comercializable puede dejar a miles de familias sin acceso vital”. Aún no se informó quién será el nuevo operador ni cuándo se aplicarán los cambios.