La ley, impulsada por Giorgia Meloni, criminalizó a quienes recurran a vientres subrogados fuera de Italia, afectando principalmente a familias LGBTQ+ y generando fuertes rechazos.
El Parlamento italiano sancionó en octubre de 2024 una reforma legal que convierte en delito la gestación subrogada incluso si se realiza en el extranjero. Esta normativa prevé penas de hasta dos años de cárcel y multas de hasta 1.000.000 €, lo que la posiciona como la legislación más restrictiva de Occidente en materia de reproducción asistida.
La ley amplía la prohibición existente desde 2004, que ya vetaba la subrogación en territorio italiano. Ahora, quien recurra a esta práctica en otro país podrá ser juzgado penalmente en Italia. La primera ministra Giorgia Meloni, líder del partido de ultraderecha Hermanos de Italia, impulsó esta medida como parte de su agenda conservadora, argumentando que busca “proteger la dignidad de la mujer” y evitar lo que calificó como “turismo reproductivo”.